Gestión sostenible de zonas costeras

Resumen C

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Relevancia

La costa española es un territorio de gran valor ecológico y económico. A lo largo de sus 7905 kilómetros se dan algunos de los espacios naturales más importantes del país (como el Delta del Ebro, el Parque Nacional de Doñana, o la Albufera de Valencia, entre otros muchos). En los municipios costeros, vive en torno al 40 % de la población y se recibe un importante turismo nacional e internacional, lo que genera empleo y una parte sustancial del PIB. Asimismo, se dan actividades económicas como la pesca, o el transporte portuario. A nivel legal, un elemento diferenciador de la costa española respecto a otros países de la Unión Europea es la existencia del dominio público marítimo terrestre, una franja en la intersección entre la tierra y el mar protegida por la Constitución Española, y una ley de costas estatal que regula su uso.

En la costa, se dan una serie de problemas que están bien documentados y estudiados por la comunidad científica. El principal es la erosión que sufren las playas debido a las alteraciones que ocurren en el transporte natural de arena. Entre las causas de las alteraciones destacan las presas de los ríos, que impiden que la arena llegue a las playas y las barreras litorales (como puertos, diques o edificaciones) que dificultan que los sedimentos viajen a lo largo de la costa. En las últimas décadas, tanto la erosión como las inundaciones se han incrementado como consecuencia de la subida del nivel del mar y del potencial incremento en intensidad de temporales marítimos debidos al cambio climático. Un efecto colateral de la erosión en las playas que tiene una gran relevancia social es la mayor exposición de viviendas e infraestructuras críticas a inundación por eventos meteooceanográficos extremos, como se comprobó con las tormentas Gloria (en 2020) o Nelson (en 2024).

El segundo problema resaltado por la comunidad experta radica en distintas formas de degradación de la costa, incluyendo contaminación (presencia de plásticos, metales pesados o sustancias procedentes de la agricultura y las ciudades), vertidos (como hidrocarburos, aguas residuales o aguas de lastre), la llegada de especies invasoras, o la sobreexplotación de recursos (como los pesqueros). Vinculado a todo ello, se encuentran la presión urbanística y el modelo turístico, así como conflictos derivados del solape de competencias entre distintos sectores y administraciones.

A pesar de la relevancia social y económica de la costa, los recursos disponibles para su gestión a nivel estatal son insuficientes ante los desafíos presentes y futuros. Si no se actúa a corto plazo sobre los problemas descritos, pueden darse importantes impactos en el medio-largo plazo (en los próximos 50-75 años), que podrían afectar a la propiedad privada, a las actividades que actualmente se realizan en la costa o sobre infraestructuras críticas. La comunidad experta alerta de que se está acabando la fase de diagnóstico de los problemas y que es momento de proponer planes y acciones disruptivas, que sean capaces de asumir un cierto grado de incertidumbre (por ejemplo, en las estimaciones de subida del nivel del mar).

Hacia una gestión integrada de zonas costeras

La comunidad científica insiste en que para dar una respuesta sostenible y duradera en el tiempo a los problemas que presenta la costa ya hay una solución: virar de la actual gestión sectorial a una gestión integrada de zonas costeras (GIZC), como establece el protocolo del Mediterráneo, ratificado en 2011 por España. Al mismo tiempo, pide que se dote al ente encargado de la gestión de la costa de los recursos materiales y humanos adecuados.

La razón para alcanzar ese modelo es la creciente presión que enfrentan las zonas costeras por el modelo urbanístico, el turístico y por la explotación de los recursos naturales. La gestión integrada permite equilibrar el desarrollo económico con la conservación ambiental, promoviendo un uso sostenible del litoral. En la misma línea es importante considerar la zona costera en su conjunto, la conexión tierra-mar y a los múltiples actores y administraciones implicadas. La comunidad científica insiste en que se debe fomentar la participación ciudadana en las decisiones de gestión y en que se debe mantener una visión a largo plazo.

En el foco

Dentro del modelo de GIZC, no hay una solución única a los problemas que presenta la costa. Las adaptaciones del medio físico se plantean para dar respuesta a la erosión y a los efectos del cambio climático. En esta línea, para conseguir una costa más resiliente y un paisaje que pueda soportar las distintas presiones a las que está expuesto, caben distintos tipos de medidas: las estructurales o ingenieriles, las basadas en la naturaleza y las híbridas. De hecho, las soluciones híbridas destacan como las que aportan una mejor adaptación del medio físico ante riesgos derivados del cambio climático. En cualquier caso, la implementación de adaptaciones bien diseñadas está considerada por la comunidad científica como una oportunidad para mejorar los entornos costeros. Entre otras medidas, se encuentra la renaturalización de los ríos para incrementar la transferencia de sedimentos que llegan al mar y dan forma a las playas. Así, destaca la importancia de las dunas que amortiguan el avance del mar y la intrusión salina. 

Los expertos señalan que la existencia de un dominio público es pieza clave para poder adaptarse adecuadamente a la subida del nivel del mar y reducir las consecuencias de la inundación costera. Por otra parte, diversos estudios han detectado que las medidas deben tener en cuenta, además de las presiones y los riesgos, la conexión de las personas con el entorno. En otras palabras: hay que mejorar el bienestar de los habitantes que hacen uso de estos espacios a la vez que estos se adaptan a las presiones futuras. En la misma línea, hay cada vez más voces entre la comunidad experta que abogan por una transformación hacia modelos de turismo que aumenten la oferta vinculada a los valores naturales del territorio y demandan una regulación que solucione las repercusiones negativas de la masificación, especialmente, durante la época estival. 

Horizonte

Para conseguir una gestión integrada que considere las múltiples presiones a las que se enfrenta la costa, incluidos posibles agravamientos derivados de la subida del nivel del mar, es necesario evaluar si el marco legal y de gobernanza la posibilita. Algunos análisis realizados por la comunidad científica indican que la actual gestión es lenta y reactiva, en lugar de proactiva, lo que dificulta la implementación de una gestión integrada. Esto se debe en parte a las dificultades que plantea el reparto competencial, las interacciones tierra-mar, y la dimensión social. En este sentido cabe plantearse si pasados casi 40 años desde su concepción, la actual legislación de costas ha conseguido resolver los objetivos que planteaba en su preámbulo: (1) la eliminación de enclaves privados del dominio público de forma eficaz y respetuosa con los derechos de los particulares, y (2) proteger medioambientalmente la costa. Actualmente, distintas disciplinas y movimientos sociales cuestionan que se estén logrando estos objetivos. 

En el futuro, se ha reclamado que el marco de gobernanza busque la protección ambiental de la superficie que aún no tiene figuras de protección, un mejor equilibrio de la propiedad público-privada en la línea de costa, tal y como reclaman movimientos sociales, y la mejor integración de ámbitos sectoriales que tienen relación directa como el portuario, el turismo o la ordenación del territorio.

Hay experiencias exitosas y en curso en distintos puntos del país que han buscado reordenar el espacio costero para rebajar la presión de uso de la playa, fomentar la naturalización y anticipar futuros aumentos del nivel del mar. A la vez, se han puesto a prueba fórmulas de gobernanza incluyendo participación ciudadana. Para lograr esta transformación a gran escala, y con una necesaria mirada en el medio-largo plazo, resulta conveniente superar las barreras jurídicas, sociales y políticas que puedan ralentizarla, a la vez que se invierte en sensibilizar y capacitar a la sociedad. Los espacios de gobernanza de las costas deberían ser lugares donde todas las administraciones competentes, disciplinas científicas, sectores económicos afectados, y la ciudadanía puedan reimaginar sus costas para que sean disfrutadas en el futuro. Todo ello, permitiría una implementación real y efectiva del marco conceptual de gestión integrada de zonas costeras.