Resumen C: Incendios forestales y restauración de zonas quemadas

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Relevancia

En el año 2022, se vivió una de las peores temporadas de incendios de las últimas décadas en el área mediterránea. Aunque el fuego es un elemento natural de las dinámicas de los ecosistemas, y habitual en prácticas tradicionales relacionadas con la agricultura y el pastoreo, su recurrencia e intensidad en un contexto de aumento de temperaturas y sequías puede comprometer la regeneración de áreas naturales. Desde hace varias décadas, se observa un aumento en el número de días al año con riesgo meteorológico de incendios en gran parte del mundo. Y, la previsión es que España sea de los países del mundo con un mayor incremento. En este contexto, a nivel nacional se observa un aumento significativo constante de la superficie quemada por grandes incendios forestales, lo que pone en peligro a las personas, infraestructuras, y genera importantes daños económicos. Esta situación hace necesaria una reflexión sobre los numerosos esfuerzos dedicados a la extinción y una menor cantidad de recursos destinados a la prevención y mitigación. 

El informe de la Oficina C “Incendios Forestales y restauración de zonas quemadas” abarca desde la heterogeneidad social y ecológica del territorio español, tanto la prevención como la extinción y la gestión post-incendio, reconociendo el importante papel que pueden jugar distintas políticas sectoriales, y los abordajes multi-disciplinares.

Incendios forestales

A pesar de que el número de incendios y el área quemada total se mantienen relativamente estables y controlados (e, incluso, descienden en algunas zonas, en parte debido a la alta inversión en capacidad de extinción y a mejoras en la coordinación de los operativos y Administraciones) persiste un elevado riesgo. Asimismo, se ha observado un aumento del área quemada promedio por grandes incendios, con un incremento importante del número de incendios de más de 5000 hectáreas. Por ello, la comunidad científica indica que además de abordar las causas de ignición, es necesario reducir la capacidad de propagación del fuego en el paisaje y así prevenir los incendios más extremos. Un importante motivo es que la superficie forestal nacional ha aumentado desde hace décadas, debido a los esfuerzos en los planes de reforestación, y a la reducción de actividades tradicionales. Este segundo factor, derivado de la despoblación del medio rural, ha generado masas de vegetación jóvenes, muy conectadas, y con potencial para generar incendios con un comportamiento muy intenso. Este comportamiento se ve influido también por factores meteorológicos: mayores temperaturas, menos precipitaciones y, la ocurrencia de sequías recurrentes y prolongadas. Por esta situación se señala la relevancia que tiene comprender el impacto de los escenarios de cambio climático a través del territorio nacional, para poder predecir fuegos extremos o megaincendios y, así, adaptar la respuesta ante ellos.

España coordina su política forestal a través de la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050. A nivel legislativo, rige sus estrategias y planes de prevención, extinción y gestión post-incendio por la Ley 43/2003 de Montes, así como con las legislaciones autónomas. Además, hay distintos protocolos, recomendaciones y documentos técnicos que facilitan la coordinación, elaborados por el Comité de Lucha contra Incendios Forestales, formado por la Administración General del Estado y por las autonomías. 

En el foco

En España, el 72 % del monte es de titularidad privada. Esta situación hace esencial la colaboración de las Administraciones con la población, con los distintos agentes y actores involucrados del mundo rural y, en particular, con los propietarios. Asimismo, las políticas de conservación y medioambientales deben tener en cuenta la importante afección de los incendios en las áreas protegidas, bien por instrumentos nacionales o autonómicos, o de la Red Natura 2000. En cualquier caso, es necesario promover la vigilancia en las zonas que tengan un mayor riesgo. Aumentar la resistencia y la resiliencia de las masas forestales en general, y en particular al paso del fuego, es un objetivo de gestión y político prioritario para la Unión Europea. En este sentido los planes que deriven de estas políticas deben integrar las particularidades de los ecosistemas españoles (mediterráneos y atlánticos) y su heterogeneidad, así como la realidad socioeconómica del territorio.

Tanto la comunidad experta como las Administraciones inciden en que, en España, persiste un desequilibrio entre la prevención y la extinción, con una mayor inversión en partidas destinadas a la extinción. La política pública de apagar todos los incendios, ante el riesgo para la población y los ecosistemas que supone el descontrol del fuego, tiene el efecto colateral de no reducir el combustible y aumentar el riesgo de una mayor intensidad y propagación. Pero también se está abogando por una relación diferente con el fuego en los paisajes, por ejemplo, mediante quemas prescritas, una estrategia que requiere la colaboración entre las Administraciones y los propietarios y que busca aprovechar los efectos positivos del fuego. Estas son particularmente útiles en el noroeste de España, donde una gran parte de los incendios se deben a prácticas tradicionales para modificar la vegetación con diferentes objetivos (por ejemplo, regenerar el pasto, facilitar la caza, mejorar el acceso, etc.). De igual forma, los ecosistemas en mosaico, que combinan masas forestales con espacios abiertos, han demostrado ser un buen ejemplo para mantener ecosistemas con una alta biodiversidad y en buen estado, a la vez que se incluyen barreras naturales a potenciales incendios.

Horizonte

Existe un interés creciente desde diferentes disciplinas para conseguir unos ecosistemas que mantengan y maximicen los beneficios que aportan a las personas: desde producción y economía forestales, hasta espacios de recreación, industria turística o servicios como agua y aire limpios. Pero también, es necesario que sean resistentes al fuego y capaces de recuperarse tras un incendio. Por la complejidad de la materia, no suele ser posible realizar recomendaciones generales. Así, la comunidad investigadora trabaja para lograr conocimiento específicamente adaptado a cada territorio y presentar escenarios que puedan: (1) predecir el riesgo de incendio a nivel local, así como qué zonas y condiciones propiciarían incendios con comportamientos que superen la capacidad de extinción, (2) tras un incendio, definir las acciones urgentes y a largo plazo (si caben), para proteger la zona y permitir su regeneración y (3) preparar los ecosistemas para el clima y los incendios futuros.

En la actualidad, la Unión Europea está desarrollando leyes para analizar cuantitativamente el estado de las masas forestales, así como para restaurar los ecosistemas. Por las escalas de tiempo que determinan los procesos ecológicos y sociales de los paisajes, los efectos de las acciones que se realizan no se pueden comprobar hasta varias décadas después. Así, en el actual contexto de cambio climático y de despoblación rural es importante, sobre todo, conseguir unos ecosistemas resistentes y resilientes y un tejido social vivo y preparado ante la ocurrencia de grandes incendios forestales.