Resumen C: Calidad del aire: avances y mejores prácticas

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Relevancia

La pérdida de calidad del aire derivada de la contaminación atmosférica es uno de los principales problemas de salud pública en Europa y España. La evidencia científica pone de relieve graves impactos sobre la salud humana, el medio ambiente y la economía que afectan de forma desigual a la población. Esta se muestra mayoritariamente preocupada ante la amenaza y, además, en muchos casos dispone de opciones limitadas para autoprotegerse. En las últimas décadas se ha consolidado un amplio marco de políticas públicas a nivel nacional y europeo que persiguen reducir la contaminación atmosférica y sus efectos adversos. Se trata de una herramienta útil, como refleja la mejora progresiva de la calidad del aire en España y el resto de los países comunitarios, pero en base a los datos disponibles, insuficiente. Así lo señala la Unión Europea que trabaja actualmente en la adecuación y mejora del marco regulatorio. 

Este informe ofrece una visión general sobre el estado, impacto y principales desafíos entorno a la calidad del aire ambiente en el marco español y repasa las principales estrategias de mitigación que pueden articular una mejora de esta problemática en las diversas áreas que marcan la amplia interseccionalidad del desafío.

La calidad del aire

Los contaminantes que determinan la calidad del aire están definidos legalmente. Estos o sus precursores son emitidos a partir de actividades cotidianas. Destacan entre otras fuentes el tráfico rodado y transporte, el sector residencial, comercial e institucional, el energético, la actividad industrial y agropecuaria o la gestión de residuos. 

De entre los múltiples contaminantes que definen la calidad del aire, las partículas en suspensión finas, seguidas del dióxido de nitrógeno y el ozono son los que causan más efectos adversos sobre la salud humana. A nivel nacional, y de forma comparable en otros países europeos, acortan la esperanza de vida ya que son responsables de unas 17.000, 4.800 y 2.400 muertes prematuras al año, respectivamente, y aumentan la morbilidad ya que provocan cáncer y agravan o causan otras muchas enfermedades. Los daños son sufridos principalmente por menores, personas mayores, y las personas con peor estatus socioeconómico, acentuando la desigualdad social. La mala calidad del aire supone también la pérdida de biodiversidad dado el carácter fitotóxico y la capacidad para alterar los ecosistemas que tienen los contaminantes, por ejemplo, mediante procesos como la eutrofización. En este sentido, destacan especialmente los óxidos de nitrógeno y azufre, el amoniaco y el ozono. Su impacto económico se estima entre 40.000 y 50.000 millones de euros para 2030, si bien existen muchas limitaciones y dificultades en la cuantificación de estas cifras.

La gestión de la calidad del aire se apoya en un marco regulatorio que define las condiciones legalmente aceptables y objetivos a largo plazo y un sistema de vigilancia para monitorizar su estado y evolución y poder evaluar los riesgos y el grado de cumplimiento. El marco legislativo determina la presencia o niveles aceptables de cada contaminante en el aire. Por otro lado, establece reducciones progresivas para sus emisiones hasta 2030. Para abordar estos techos de emisiones, se apoya en políticas estratégicas que definen las acciones para alcanzar los objetivos de reducción establecidos en cada sector, desde el tráfico rodado y el transporte o el sector residencial, comercial e institucional hasta el sector energético, industrial y el agrícola, entre otros. Respecto a la vigilancia, existe para ello un conjunto de redes que monitorizan la presencia de los contaminantes mediante diversos tipos de mediciones y que también se apoyan en el uso de modelos de calidad del aire, lo que permite además la prospección. La red española cumple con los requisitos de las Directivas Comunitarias y se adecuan a los estándares de calidad internacionales.

Aunque los mayores desafíos se centran en las ciudades, se trata de una cuestión que tiene implicaciones en todos los niveles de gobernanza (local, regional, nacional e internacional). Además, la calidad del aire se vincula con otros retos de gran calado social como la cuestión climática, con la que está fuertemente interrelacionada, la salud pública o la justicia social y la economía.

En el foco

Dada su transversalidad, la comunidad experta destaca la necesidad de un enfoque sistémico en la gestión de la calidad del aire para reforzar aquellas estrategias que integren de forma coordinada las actuaciones en todos los niveles de gobernanza y acentúen las medidas que generen cobeneficios en todos los retos y sectores involucrados. La investigación es esencial para identificar y desarrollar este tipo de enfoques. 

En España, como en otros países de su entorno, se han producido incumplimientos puntuales con los límites en aire de dióxido de nitrógeno y partículas en la última década, y de forma mucho más generalizada, para el ozono. Este contaminante supone un desafío clave en el contexto español. Las previsiones en base a medidas concretas planteadas desde la Administración General del Estado prevén una mejora generalizada de la situación para 2030, si bien algunos problemas prevalecen. La situación general es menos favorable si se compara la situación actual o prevista con los estándares para la protección de la salud establecidos por la OMS, marcadamente más estrictos que los niveles fijados por la normativa actual. Una gran parte del territorio español y europeo sobrepasa esos umbrales seguros para alguno o varios de los contaminantes. 

Horizonte

Existen aspectos técnicos y regulatorios que pueden rediseñar la gestión de la calidad del aire en el medio plazo, así como avances en el desarrollo de estrategias de mitigación que pueden incorporarse en el marco de las políticas públicas.  

La vigilancia puede reforzarse, entre otras formas, ampliando el alcance espacial, incorporando la medida de contaminantes de interés y preocupación creciente, aplicando nuevos desarrollos en medición, modelización y tecnología satelital, o complementarse atendiendo a nuevas prestaciones y avances en los tipos de sensores disponibles. A su vez, el incremento del grado de protección puede apoyarse en medidas estructurales y de contingencia para minimizar el impacto de los episodios de alta contaminación, cada vez más comunes en España, en la comunicación efectiva sobre la materia y los riesgos asociados y de forma más generalizada, en la modificación de los umbrales de contaminación aceptados. La nueva directiva europea de calidad del aire, actualmente en trámite para su aprobación, aborda buena parte de estas cuestiones. Persigue aumentar la protección de la salud pública, reforzar la vigilancia, mejorar el acceso ciudadano a la justicia para promover el derecho a un aire limpio y multiplicar el potencial de los mecanismos de información ciudadana. Un aspecto clave, y de gran complejidad dado el importante desafío que supone su consecución, es la propuesta de limitar la presencia tolerable de contaminantes en aire elevando su exigencia para acercarse o equiparar, aún por definir, los niveles máximos permitidos con los propuestos por la OMS. 

Para ello, la comunidad experta señala que es necesario combinar medidas de carácter tecnológico, centradas mayormente en la reducción de emisiones de una actividad, con otras de cambio social, asociadas a la reducción de la incidencia de la actividad contaminante. Supondrían, a modo de ejemplo, plantear medidas técnicas que reduzcan la emisión de los vehículos que se fabrican, por un lado, y planes de movilidad u otros que contribuyan a reducir el uso del coche por otro. 

El informe recoge las principales intervenciones en sectores clave, destacando: 

• Tráfico rodado: el objetivo general es la reducción del número de vehículos y de las emisiones de los que sigan circulando. Se apoya en el cambio modal, el transporte público y el activo como opciones preferidas, la aplicación de zonas restringidas para el acceso de los vehículos, la implantación de alternativas tecnológicas para reducir emisiones, como complementar el parque con vehículos bajos en emisiones, el rediseño del reparto de mercancías y el rediseño del espacio urbano, actuando sobre la movilidad o la presencia de espacios verdes. 
• Sector doméstico y residencial: se centra en medidas orientadas al aumento de la eficiencia energética y el uso de sistemas calefactores y combustibles adecuados en el sector.
• Industria: a pesar de una mejora generalizada en las emisiones del sector persisten algunos problemas de alcance regional y aún hay margen de mejora. 
• Sector agropecuario: las acciones de mitigación se centran en las emisiones de amoniaco asociadas a los purines y las de partículas y otros contaminantes asociados a la quema de los residuos agrícolas.

Las mejores prácticas para la mejora de la calidad del aire están siempre condicionadas a un adecuado diagnóstico sobre las causas del problema y la potencial eficacia de las medidas a aplicar, para actuar así de forma efectiva en los principales sectores responsables. Además, es esencial atender a la dimensión ciudadana: su información, percepción y comportamiento son clave. Existen estrategias de comunicación efectivas que puede favorecer la autoprotección y reducción de emisiones por parte de la ciudadanía a la vez que refuerzan el compromiso y colaboración de la población en el desarrollo y concreción de las políticas públicas.